Toda la polémica y sana discusión que ha generado la orden judicial de parte de la Corte Constitucional, hacia el Distrito, para que vuelvan las corridas de toros al predio público, la Plaza Santamaría, se ha desarrollado entre expectativas, desesperanzas, lecturas atinadas y no tan atinadas por parte de los diversos actores de la opinión pública.

A continuación, voy a tratar de retratar de la manera más comprimida como sea posible, e inclusive un poco coloquial, cómo está la cosa en términos legales, jurisprudenciales y políticas, para que nuestras expectativas como ciudadanos que queremos una ciudad libre de tortura, una ciudad de deje en el pasado la crueldad con los animales como acto de diversión, enfoquemos nuestras acciones, por donde, hasta ahora, las posibilidades jurídicas lo permiten:

Anales legislativos

En el Congreso de la República, el único cuerpo colegiado que tiene la potestad de legislar en el país, recordemos que los concejos municipales no legislan ni hacen parte de la rama legislativa, se aprobó en 1989 una ley que fue denominada el estatuto de protección animal.

Esta Ley bien intencionada, muy de corte anglosajón (es decir de referencia de una zona en la que ya se han superado varias formas de tortura), estableció las conductas que constituyen maltrato animal y estableció unas sanciones (en realidad sólo de carácter contravencional, por eso fue necesaria la reciente reforma, la hoy ley 1774 de 2016, que ya penaliza varias formas de maltrato animal).

Sin embargo, cuando algunos legisladores se dieron cuenta de que algunos artículos hacían clara alusión a lo que sucede en la corrida de toros y otras fiestas crueles, que por cierto, familiarizan a nuestros pueblos con la violencia, procedieron a inventarse una muy particular excepción.

Es decir: La Ley 84 del 89, en su artículo 6 establece: “El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso”.

Entonces menciona más de veinte, entre las cuales se encuentran éstas:
“a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego
d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del capítulo quinto de esta Ley;
e) Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado;
f) Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar;”

Entonces, posteriormente en el artículo 7, los legisladores en aquella época establecieron:

“Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”

Como dice Leonardo Anselmi, “Eso como plantear que está mal robar, pero si es mi hermano, está permitido”

Pero esto no fue todo. El Congreso, en el año 2003 y sin que nadie vigente en esa época buscara frenarlo, aprobó una ley, la 916, que elevó el reglamento taurino a ley de la República.

¿Pueden creer? Gastaron tiempo precioso de la rama legislativa para volver ley el reglamento de una actividad tan específica. Eso es como aprobar un proyecto de ley que transcriba el reglamento para jugar golf o tejo. Bueno la verdad es distinto, el objetivo del golf y del tejo no consiste en torturar ni matar, sin embargo sus reglamentos nunca han sido proyecto de ley.

El hecho es que la 916 reglamenta la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos. Esa Ley se convirtió en una de las principales dificultades para la búsqueda de la abolición de las corridas en Colombia. Por cierto, está narrado en una prosa y una jerga taurina, prácticamente decimonónica.

Un fallo que dio luces

En 2010, tras una demanda al artículo 7 de la Ley 84. La Corte emitió la Sentencia 666 de 2010. En ella, lo que buscó la Alta Corte fue ponderar dos derechos en tensión: Uno: el derecho a la cultura de la gente que aún se identifica con esas fiestas y, Dos: el deber estatal de proteger a los animales.

Si bien la Corte lo declaró exequible, no blindó esas actividades constitucionalmente, brindando la posibilidad de que el Congreso elimine el artículo, estableciendo así que las prácticas taurinas no están en el terreno de lo constitucionalmente protegido. Así mismo, reconoció la sintiencia de los animales y generó condiciones para la realización de estos eventos. Dichas condiciones luego serían referidas por la Corte, también, para ser aclarados por el Congreso.

La Alta Corte manifestó por ejemplo:
“(…) los animales son seres sentientes y por tanto el comportamiento del ser humano hacia ellos debe ser un comportamiento digno, siendo un límite no causar sufrimiento o dolor a seres no humanos, en determinadas circunstancias”. Debido a que “no hay interés más primario para un ser sentiente que el de no sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional”.

Así mismo, en la parte resolutiva estableció:
“Declarar EXEQUIBLE el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, en el entendido: 4 1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) Que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) Que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5) Que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.”

El debate en Bogotá. Últimos años

Cuando el exalcalde Gustavo Petro, ante su compromiso con organizaciones sociales y diversos ciudadanos, de generar políticas y acciones para defender la vida animal, decidió no acudir al palco de la corrida de la temporada de 2012, desató una ola de respaldo en ese particular. Adicionalmente llamó a la Corporación Taurina de Bogotá para condicionar el préstamo de la Plaza Santamaría.

Les recordó aquel aparte de la Sentencia 666: “siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”, y les propuso hacer los eventos sin lastimar al animal.

¡Por supuesto que a los taurinos no les interesa una corrida sin sangre, sin tortura, sin muerte! Y no aceptaron. Entonces el exalcalde, respaldado por un comprometido gabinete, en una decisión coherente con el discurso de no permitir espectáculos alrededor de la muerte, decidió dejar de facilitar ese bien público para las corridas.

Paralelamente, el Tribunal de Cundinamarca, se estaba pronunciando tras una demanda de un grupo taurino que denunció que la propia Corporación Taurina había venido administrando la Plaza, (A DEDO), sin que mediara un concurso público que garantizara el derecho a la igualdad entre realizadores de esos espectáculos.

Con ello, el Tribunal estableció:
“El IDRD había cumplido un papel fallido como administrador de la plaza taurina, por no realizar estudios de mercadeo ni abrir proceso licitatorio alguno para elegir a un contratista idóneo, como arrendatario”..()..”se privó voluntariamente de su obligación de comparar mediante criterios objetivos con otros oferentes o por el conocimiento de los precios del mercado a lo largo de nueve años, como le corresponde a un buen administrador”.

Prosiguió una pugna jurídica, entre Corporación Taurina, Alcaldía y organizaciones sociales… por un buen tiempo.

El mismo año en que comenzó la apuesta de la Alcaldía para no permitir corridas de toros en la Santamaría, la Corte emitía un nuevo fallo en el que establecía que los Alcaldes no tienen la potestad de prohibir las corridas en plaza permanentes, pese a que la pregunta de la demanda que originó el fallo, iba referida a otro particular

Durante 2013, 2014 y 2015, e incluso 2016, la Plaza estuvo libre de tortura. No se realizaron corridas y por el contrario se realizaron eventos como: Ópera al Parque, cierre del Festival de Coros, Fiesta de Rafael Pombo, evento de meditación, el cierre de la Marcha por los Derechos de los Animales e incluso se habilitó temporalmente una pista de patinaje en hielo.

Sin embargo, tras una evaluación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, la Plaza, como construcción de 1931, necesitaba ser reforzada estructuralmente, claro conservando su arquitectura, efectivamente es un patrimonio (ojo, la plaza, no la actividad taurina. Hagan de cuenta, como el Coliseo Romano, que busca preservase lo que aún queda de su estructura, pero ya sin matar animales o acometer a cristianos o a esclavos)

El más fatídico fallo

¿Recuerdan que les contaba sobre la pugna jurídica de la Corporación Taurina contra la decisión del Distrito?

En 2013, la Corte Constitucional aceptó una tutela de la Corporación Taurina. Si bien el fallo demoró muchos muchos meses, los magistrados se pronunciaron así:

“restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004”

“La administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María”.

¡Restitución inmediata! La Secretaría General de la Alcaldía, optó por elevar a la Corte una solicitud de aclaración, dado que se había iniciado el proceso para el reforzamiento estructural (se trataba de salvar vidas humanas, independiente de quienrs en un futuro asistan a la Plaza). En esa medida, la Corte respondió:

“…Rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”), comprende la obra de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros de Santa María decidida por la autoridad distrital…( )… (i) la legalización del contrato para el reforzamiento estructural deberá realizarse a más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término máximo de ejecución del contrato de rehabilitación estructural de la Plaza de toros de Santa María será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la legalización del respectivo contrato.

DISPONER que el término de seis (6) meses consagrado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza de Toros, comenzará a correr a partir del 17 de marzo de 2016, correspondiendo a la autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el resolutivo cuarto de la sentencia, “en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública”, conducente a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”

Ese tiempo establecido por la Corte, acaba de expirar

Proceso #ConsultaAntitaurina

Ante el fallo de la Corte, que significaba el retorno de las corridas a Bogotá, organizaciones sociales animalistas y solidarias con el animalismo, así como ciudadanos independientes, decidimos promover una Consulta Popular y presentamos un proyecto a la Alcaldía con la propuesta jurídica y la propuesta de pregunta a poner a consideración de los habitantes de la Capital

La Alcaldía, como instancia competente para el caso, con el totql vompromiso de la Sectetaría General, presentó el Proyecto ante el Concejo Distrital. Ese es el trámite legal para una Consulta Popular (Radicación de la Alcaldía, Aprobación del Concejo, aprobación del Tribunal correspondiente, en este caso el de Cundinamarca). El proyecto fue aprobado en el Concejo 29 votos a favor, vrs 6 en contra. Y la legalidad de la pregunta fue aprobada por el Tribunal de Cundinamarca.

¿Qué buscábamos preguntar?: ¿Está usted de acuerdo Sí o No, con la realización de Corridas de Toros en Bogotá D.C.? Con ella queríamos conocer uno de los requisitos que establece la Corte para la realización de esos espectáculos: La tradición o arraigo cultural de los habitantes de Bogotá. Si no hay arraigo, es ilegal su realización.

Quisimos preguntar por el uso de la Plaza Santamaría específicamente, pero por ley 916, ésta es una plaza permanente de primera categoría y la pregunta habría perdido en el control de la legalidad. ¿Los y las bogotanos se identifican mayoritariamente con esa expresión? ¿Hace parte de su cultura, hoy siglo XXI?

En medio de las gestiones y tira y aflojes para que la Registraduría (un registrador taurino en ede momento), cumpliera con la orden judicial de la realización del ejercicio democrático, en lo posible en las pasadas elecciones regionales; una tutela interpuesta por 18 taurinos ante el Consejo de Estado, suspendió la Consulta Popular.

Prontamente, la Corte Constitucional, en revisión de esa Tutela, posiblemente dé vía libre al mecanismo. VAMOS A VER.

Último año

Con el nuevo Gobierno en la ciudad, también llegó la fecha perentoria establecida por la Corte. Pese a las declaraciones constantes del Alcalde Enrique Peñalosa, sobre su posición en contra del regreso de las corridas a Bogotá y de la exploración de alternativas legales y jurisprudenciales por parte de la Gerencia de Protección Animal y el IDPAC, las herramientas, al menos desde la Entidad Territorial, son realmente escasas.

El reloj corrió “rápidamente” para el plazo establecido por la Corte para la asignación de la Plaza a un operador taurino, así como ciertas presiones, tuvieron su efecto y en julio el IDRD abrió los primeros prepliegos para un futuro proceso contractual. La Entidad establecía un cronograma en el cuál la adjudicación sería el 3 de agosto de este año.

El proceso finalmente transcurrió entre junio y octubre, con un proceso de licitación pública y un proceso por Selección Abreviada de Menor Cuantía. Los primeros prepliegos no condujeron a una licitación al determinarse que el tipo de contrato no se ajustaba a las características previstas, el proceso licitatorio posterior, fue declarado desierto al constatarse que el único proponente no cumplía los requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera, y el abreviado será adjudicado hoy…..

A lo largo de estos procesos y en cada una de sus etapas (prepliegos, pliegos, audiencias), decidimos desde la Plataforma ALTO, radicar más de cincuenta folios con observaciones, entre las cuales destacamos algunas, que compartimos de forma resumida:

1-Solicitud de prohibición del uso de la plaza santamaría para la realización de corridas de toros durante el mes de marzo, fundamentada en la C-666 de 2010 de la Corte Constitucional que señala, en su parte resolutiva con respecto a estas actividades, que “sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado”
Respuesta: Aceptada
2-Aclaración del régimen presupuestario y de impuestos aplicable al contrato y el detalle pormenorizado de los impuestos, tasas y contribuciones, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las alertas fiscales previas de la contraloría.
Respuesta: Aceptada
3-Solicitud de incluir en el apartado de obligaciones específicas del contratista, la prohibición de colocar publicidad en el exterior de la Plaza Cultural la Santamaría.
Respuesta: Aceptada
4-Solicitud de incluir en el Pliego de Licitación Pública la exigencia de establecerse como causal de rechazo a proponentes cuyos socios, representantes legales, integrantes, directivos o fundadores, estén vinculados a paraísos fiscales.
Respuesta: Se añadió un Formato de transparencia, de aceptación obligatoria, para poder participar en el proceso de licitación
5-Solicitud para que el IDRD pida a la Corte Constitucional que aclare el alcance de la sentencia c-666 de 2010, ya que al declarar exequible el Artículo 7. De la Ley 84 de 1989, dispuso que lo hace en el entendido de que: “la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”
Respuesta: Negada dado que en comunicado, la Corte asignó esta tarea al Legislativo.
6-Solicitud de prohibir el ingreso de menores de edad a la Plaza Santamaría, dando así alcance a la evaluación del Comité de Derechos del niño en el que insta a Colombia a alejar a la infancia de la violencia de la tauromquia
Respuesta: Negada en tanto el Legislativo lo ordene
7-Solicitud de aumentar el valor del contrato de concesión de la Plaza la Santamaría, teniendo en cuenta el mandato constitucional de desincentivar los espectáculos con animales exceptuados en el art. 7 de la ley 84 del 89
Respuesta: Negada
Entre otras

No fuimos los únicos en presentar observaciones, la Corporación Taurina y la unión de toreros presentaron las suyas, orientadas al cambio de figura contractual por un lado y la inclusión de las novilladas del festival de verano por el otro, amparándose de nuevo en la Sentencia.

Para resaltar, que a la audiencia de aclaraciones acudió la Procuraduría y de manera incisiva le recordó al IDRD la expresión de la Sentencia 296 sobre “La administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María”.

¿Y ahora?

Con estos fallos judiciales, son pocos los caminos. Vamos ver que dice la Corte frente al detalle sobre la Consulta Popular, por medio del constituyente primario, los Magistrados encargados de revisar la tutela se han caracterizado por su objetividad y dictrina vanguardista… y algo muy muy importante:

¿Recuerdan cuando acoté aquí las expresiones de la Corte que dicen que quien tiene la competencia de decidir asuntos, tanto en materia de requisitos, como en materia de eliminación de la excepción, está en el Congreso?

Pues sí, el Congreso creó la excepción, él también puede deshacer esa incoherencia legal…. Y ética…

Sinceramente, en el Congreso actual no existe el ambiente para eliminar el artículo que no solamente exceptúa corridas sino gallos, coleo, corralejas, etc. Podemos ser muy románticos los activistas esperando que con nuestra presión sin planeación estratégica, eso ocurra ya. NO EN ESTE CONGRESO, pese a que ya hay congresistas aliados de la causa, pero son minoría.

Hay que ver a los Congresistas llaneros, algunos costeños, ganaderos, o de ciertos partidos, como se cierran a la banda en la actualidad. Eso no quiere decir que sea imposible procurar en un Congreso más moderno y humano.

Sin embargo hay varios proyectos circulando, de autorías y apoyados por quienrs sí tienen la voluntad política (Probablemente nos refiramos en detalle sobre ellos, en otro escrito). Así mismo, la Alcaldía de Bogotá por medio de Senador cercano al Gobierno, desea presentar un proyecto, cuya naturaleza se está definiendo, éste, con el fin de aportar, dadas las limitaciones legales que como entidad territorial tiene.

Como ven, no es tarea fácil, el entramado es complicado. Pero cuando se inventaron el activismo por la defensa de la vida ¿Quién dijo que iba a ser fácil?

Creo que esto es como una carretera por la que vamos muchos, con una hora de arribo aproximada. Y sin embargo por el trayecto “alguien” vuela un puente, tumba un árbol o pone teductures de velocidad. La hora calculada varía, se retrada: PERO QUE LLEGAMOS LLEGAMOS.

CLARO QUE ABOLICIÓN, sólo que las luchas deben ir acompañadas por el método.

 

Natalia Parra Osorio

Directora. Plataforma Colombiana por los Animales